Sinopsis

Con la presente comunicación el autor pretende poner de manifiesto algunas de las cuestiones polémicas que plantea la regulación de los beneficios fiscales al Patrimonio Histórico Español, y su utilización como un mecanismo para proteger la conservación de dichos bienes, que generan un claro efecto favorable en la economía de ciudades como Córdoba, con un centro histórico declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. La proliferación de este tipo de normas constituye un claro reflejo de la utilización del ordenamiento tributario con fines de política económica, con fines extrafiscales. En el texto procederemos a realizar un análisis de los principales impuestos estatales que contienen normas de esta naturaleza, tales como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como la normativa existente sobre beneficios fiscales en el ámbito local, con especial referencia al Ayuntamiento de Córdoba, y muy brevemente en el ámbito de las Comunidades Autónomas, con referencia a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicho estudio nos permitirá defender la necesaria sistematización de las normas estatales y autonómicas que regulan estos incentivos como requisito imprescindible en aras a dar cumplimiento al principio de seguridad jurídica, así como la conveniencia de una unificación de criterios por parte del legislador estatal y autonómico a la hora de proceder a la calificación de este tipo de bienes, pues son manifiestas las discrepancias existentes entre las distintas normas que los regulan lo que repercute de manera directa en la aplicación o no de los distintos beneficios fiscales establecidos para ellos