Sinopsis

Esta obra aborda determinados aspectos procesales surgidos al hilo de la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento español en el año 2010. Casi una década después, gran parte de la problemática procesal derivada del enjuiciamiento de las personas jurídicas continúa sin respuesta satisfactoria. Concretamente, este trabajo examina la forma en que la persona jurídica encausada puede actuar en el proceso, a pesar de su falta de corporeidad, bien conformándose con la pena solicitada por la contraparte, bien, alternativamente, defendiéndose de la acusación a través de la pertinente actividad probatoria. A tal fin la obra se estructura del siguiente modo. En primer lugar, se analiza la cuestión de la representación de la persona jurídica en el proceso penal, afrontando el potencial conflicto de intereses que existe entre la entidad y sus representantes legales cuando ambos son coacusados por los mismos hechos o por hechos conexos. A continuación, se estudia el modelo de ausencia voluntaria por el que ha optado la LECrim para el enjuiciamiento de las personas jurídicas, así como el régimen legal de la rebeldía, tratando de realizar una lectura constitucional del mismo desde la obligada perspectiva garantista. Posteriormente, se examina el régimen de la conformidad previsto para las personas jurídicas, analizando los límites y requisitos de dicho acto, de indudable trascendencia procesal. Por último, se aborda de manera exhaustiva la cuestión probatoria. En este punto, se analiza la problemática que plantea el proceso penal de las personas jurídicas en cuanto a la determinación del objeto y los medios de prueba, así como en relación con las reglas de carga y valoración probatoria, prestando especial atención a los «compliance programs» y a la forma en que debe acreditarse procesalmente tanto su existencia como su eficacia para prevenir delitos. El trabajo pretende ser una aportación original y útil, tanto para los prácticos como para los teóricos del Derecho, planteando soluciones a cuestiones controvertidas y a problemáticas todavía irresolutas en la doctrina y en la jurisprudencia, así como ofreciendo propuestas de «lege ferenda» en aquellos puntos en que la legislación procesal se considera insuficiente o mejorable.